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La Asociación Dignidad y Justicia (DJRM), se constituye ante la necesidad de lograr las investigaciones necesarias, que permitan esclarecer lo sucedido en las Residencias de Mayores y Centros de Día de todo el territorio nacional como efecto de la pandemia, con el propósito de emitir una radiografía real de la organización, medios técnicos y humanos, protocolos  con los que contaban las residencias, así como la gestión realizada por las direcciones de las Residencias, Centros de Día y la Administraciones Públicas,  exigiendo las responsabilidades que pudiesen derivarse de una mala praxis realizada durante toda la pandemia, y más concretamente en los primeros días de la misma.

Como fin prioritario, y toda vez que no contamos con unos datos fiables, DJRM promoverá la existencia de una trama comunitaria. Refiriéndonos como trama comunitaria a un conjunto de organizaciones, colectivos sociales, asociaciones de familias de víctimas y vecinales y una ciudadanía  defensora de los DD.HH., conectadas y coordinadas entre sí, que compartan una perspectiva común en torno a la necesidad de propiciar la investigación de las causas por las que más de 41.000 personas mayores han muerto en Residencias de nuestro país a fecha de 2021, en Centros de Día o en sus domicilios sin atención sanitaria, investigando en que Comunidades Autónomas se produjeron las derivaciones a hospitales, destapando el marco del negocio de la dependencia y denunciando la mala gestión que se haya podido llevar a cabo por las direcciones de las Residencias, Centros de Día, autoridades e instituciones.

Cuatro años después, todos Gobiernos de los territorios, han cerrado el escenario de sus responsabilidades. En la Comunidad de Madrid, donde murieron 7.291 personas en las Residencias sin atención médica, y en la que la judicatura está archivando las causas que se presentan, queda un resquicio de esperanza con las “Conclusiones de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid”. En Catalunya, el Parlament aprobó unas conclusiones, en la que se evita señalar culpables directos y se avala la tesis de que “se hizo lo que se pudo porque nadie en el mundo estaba preparado“  Estas conclusiones las rechazan las familias de las víctimas, que piensan que ha habido un pacto político para minimizar la tragedia

Sólo medios que siguen trabajando por esclarecer lo sucedido, han podido conseguir, en el mejor de los casos, unos mínimos datos incompletos. Según el estudio realizado por InfoLibre. No disponían de información respecto de las causas en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura. En Asturias, Baleares, Murcia y Navarra aportaron los datos, sin explicar las causas. En la Comunitat Valenciana sí aportó la información, pero a fecha 30 de octubre de 2020 y no a 30 de abril de aquel año.

Para DJRM, con este escenario, en el que impera la Ley del silencio, es de obligado cumplimiento llevar a cabo un análisis riguroso y detallado de lo que ocurrió entonces, y nos debe de obligar tal como se ha hecho en la Comunidad de Madrid, a investigar también los protocolos de no derivación que se ejecutaron en otras comunidades, el tratamiento de enfermos en centros creados  para tratar el COVID o la medicalización de las residencias,

Ante las respuestas decepcionantes dadas por las diferentes instituciones autonómicas, estatales y la propia judicatura de nuestro país, DJRM no sólo no cierra las puertas de las instituciones políticas y jurídicas europeas, sino que organizará y canalizará acciones contundentes que permitan sensibilizar a la sociedad civil de la necesidad de conocer la verdad de lo sucedido con todas sus consecuencias.

Al margen de las responsabilidades de gestión, políticas y jurídicas, DJRM entiende que el modelo actual de Cuidados y Residencias deben ser erradicados. Un modelo basado en el lucro, en el que han aterrizado Fondos de Inversión, con empresas que sólo buscan maximizar su beneficio pagando sueldos bajos, no respetando las ratios, con una alimentación no apta, no sólo para los ancianos y ancianas, sino para la mayoría de personas, con unos cuidados muy deficientes y sin una atención sanitaria acorde a sus necesidades.

Desde DJRM nos proponemos elaborar con los familiares de los residentes, una nueva Ley de Cuidados y Residencias de carácter público, con mínimos exigibles de obligado cumplimiento para las CC.AA. y con el objetivo de unificar en único instrumento la dispersa normativa reguladora de la materia, armonizando los requisitos materiales, funcionales y de personal que deben reunir los centros residenciales para personas mayores, así como las condiciones para su autorización, acreditación y homologación.

DJRM, hace un llamamiento a la ciudadanía comprometida con la defensa de valores públicos a participar en la organización de un movimiento social que tome en sus manos la denuncia y organización contra la mafia empresarial que representa el modelo del negocio de la dependencia.