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Miles de personas dependientes discriminadas



Miles de personas dependientes sufrieron durante la pandemia la violación de sus derechos a la no discriminación, a la salud, a la vida y a una muerte digna.

El desmantelamiento programado llevado a cabo desde hace más de dos décadas en la Sanidad Pública, y más en concreto en la Atención Primaria, unido a un sistema asistencial de cuidados y residencial obsoleto, con profesionales, fundamentalmente trabajadoras con sueldos precarios y gran sobrecarga de trabajo y  basado en el lucro, fue el vestíbulo que encontró la pandemia del COVID en su entrada en nuestro país.

Esta situación se agravó dramáticamente con decisiones políticas que impidieron  dotar de acceso adecuado a los servicios de salud a personas dependientes en un claro ejemplo de discriminación que provocaron grandes pérdidas humanas:

  • 7.291 en la Comunidad de Madrid.
  • 2.743 en Catalunya.
  • 2.468 en Aragón.
  • 2.338 en Castilla y León.
  • 2.255 en Andalucía.
  • 2.160 en Castilla La Mancha.
  • 1.743 en Extremadura…
  • 1.769 en la Comunidad Valenciana.
  • 7.291 en la Comunidad de Madrid.
  • 2.743 en Catalunya.
  • 2.468 en Aragón.
  • 2.338 en Castilla y León.
  • 2.255 en Andalucía.
  • 2.160 en Castilla La Mancha.
  • 1.743 en Extremadura…
  • 1.769 en la Comunidad Valenciana.

La vulneración de derechos fundamentales de las personas dependientes en los cuidados  y residencias ha causado estragos en las familias de las víctimas, que no han encontrado el apoyo y la investigación necesaria por parte de las diferentes fiscalías. De las más de 500 investigaciones abiertas en la mayoría los jueces no han querido llamar a declarar a las familias con la excusa anti jurídica de que “las familias estaban representadas por sus abogados”.

Cuando Asambleas y Parlamentos autonómicos  cierran Comisiones de Investigación o las conclusiones finales coinciden con los planteamientos de la judicatura, sobrevuela el Pacto de Silencio.

La Conferencia Estatal explorará nuevas denuncias acaecidas en las Residencias y los domicilios, en las que las personas dependientes no fueron trasladadas a hospitales como consecuencia de las ordenes o protocolos emitidos por Gobiernos autonómicos. Si las fiscalías no nos acompañan y no actúan de oficio, abriríamos la puerta de Europa.

La Conferencia no es el final de un acto programado, sino el principio de una actividad que comienza, y que tendrá como objetivo principal la formación de grupos de trabajo, sobre la base de formar una trama comunitaria que nos ayude a conseguir Verdad, Justicia y Reparación y una nueva Ley de Cuidados y Residencias Públicas.

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